Con un aporte del 7 % al PIB nacional, el sector minero-energético es un actor decisivo para la economía colombiana. Sin embargo, representa el 34 % de la inversión extranjera directa y el 56 % de las exportaciones, y afronta conflictos ambientales y territoriales, entre otras problemáticas.

La profesora Carmenza Castiblanco Rozo, investigadora del IDEA, afirma que “el país, como explotador y exportador de recursos naturales, asume los eslabones de la cadena de producción internacionales que tienen el mayor costo físico –en términos de deterioro ecológico– y el menor valor monetario”.

“Así, deja a los países industrializados aquellos eslabones de la cadena que tienen menor impacto físico y mayor valor monetario, lo cual se convierte en una relación ecológica y económica desigual entre los países del centro –o países desarrollados– y la periferia, donde se ubican los países en vías de desarrollo”.

“Los costos ambientales y sociales producto de este tipo de explotaciones minero-energéticas difícilmente son asumidos por las empresas, la mayoría multinacionales”, enfatiza la experta.

Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad del Rosario –publicado en la revista Environmental Research Letters–evidenció que en Colombia  la minería legal es un motor significativo de la deforestación, el cual contribuyó a la destrucción de121.819 hectáreas de bosque entre 2001 y 2018.

Conflicto territorial

Los procesos extractivos afectan especialmente a los territorios rurales, en donde los planes de vida de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendiente son reemplazados –mediante mecanismos legales e ilegales como el despojo– por los proyectos de las empresas con sus intereses económicos.

“El Estado ha sido cooptado, y en vez de defender el interés general decide ubicarse del lado de las empresas y de sus beneficios económicos por los intereses rentistas que obtiene”, afirma la académica Castiblanco.

Uno de los principales mecanismos mediante los cuales el Estado favorece a las empresas mineras son los beneficios tributarios, otorgados como una manera de incentivar la inversión extranjera, pero afectando seriamente los ingresos de la nación, esenciales en la reducción de la desigualdad.

En 2020, la Red de Justicia Tributaria denunció la existencia de unos 89 beneficios tributarios en Colombia, muchos de ellos sin fecha de vencimiento, que en 2019 redujeron el recaudo nacional en 9,2 billones de pesos.

Con respecto a la importancia de defender los liderazgos locales, la profesora Susana Barrera, directora del IDEA, indica que en los territorios las personas han generado procesos interesantes en términos de sostenibilidad económica y ambiental que involucran acciones de producción limpia.

“Las movilizaciones locales buscan sensibilizar sobre la importancia de preservar recursos valiosos como el agua y evidenciar que en la realidad el dinero que el país recibe por la minería no se queda en los territorios, y por lo tanto no genera transformaciones contundentes”.

Transición energética sin las comunidades

Las académicas mencionan que ahora el país le apuesta a la transición energética como una nueva ola de extractivismo, pero también invisibilizando a las poblaciones locales.

En 2018, el diagnóstico elaborado por el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) concluyó que los conflictos mineros entre el Gobierno nacional y los territorios se dan justamente por falta de consensos previos. Por ejemplo, se otorgan las licencias ambientales sin consultar a las comunidades de influencia del proyecto.

Para la profesora María del Rosario Rojas Robles, directora del Observatorio de Conflictos Ambientales del IDEA, “la transición energética no se trata solo de pasar de una energía fósil a otra con la que se pretenda seguir produciendo rentas para unos pocos; estos cambios no pueden seguir la misma lógica del modelo capitalista”.